El impacto creciente de los fenómenos hidrometeorológicos y geológicos en la región del Caribe ha dejado en evidencia que la gestión de desastres ya no puede limitarse a la respuesta ante la emergencia. Cada año, la conmemoración del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres (13 de octubre) nos recuerda un principio económico y humano fundamental: financiar la resiliencia y la prevención es drásticamente más eficiente que costear la reconstrucción post-desastre. En el contexto actual de la República Dominicana, blindar la infraestructura pública crítica —como escuelas, centros de salud, redes de agua y sistemas viales— no representa un gasto suntuario ni un deber meramente moral, sino una estrategia macroeconómica de alto retorno y una condición indispensable para preservar el espacio fiscal y proteger el desarrollo humano sostenible.
El Costo de la Inacción frente al Retorno de la Inversión
América Latina y el Caribe es una de las regiones más expuestas a nivel global a los efectos extremos del cambio climático. Datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reflejan que el promedio anual de eventos climáticos extremos en el Caribe se duplicó en las últimas décadas, pasando de 5.2 eventos anuales en el período 1963-1999 a 10.7 entre 2000-2023. Además, se estima que más del 50% de las pérdidas económicas mundiales derivadas de desastres climáticos entre 1998 y 2017 ocurrieron en esta región.
Cuando un desastre destruye un hospital o colapsa un acueducto, el daño no se limita al costo material de los ladrillos; se interrumpe la productividad, se desvían fondos públicos destinados a la educación o la salud hacia la emergencia, y miles de personas —especialmente las más vulnerables— caen o recaen bajo la línea de la pobreza. Invertir de manera anticipada en infraestructura adaptada mitiga estas pérdidas operacionales y protege de forma directa el Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Herramientas y Avances en la República Dominicana
La República Dominicana no parte de cero. El país ha logrado consolidar una robusta arquitectura técnica e institucional orientada a evaluar y diagnosticar la seguridad de sus activos físicos esenciales. Entre las principales herramientas operativas destacan:
Código de Construcción Unificado: Coordinado a través del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), normando criterios técnicos modernos para las nuevas edificaciones.
Índices de Seguridad Sectoriales: Evaluaciones específicas de vulnerabilidad estructural y funcional implementadas en escuelas por el Ministerio de Educación (MINERD), en infraestructuras hídricas por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), y en centros asistenciales por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Servicio Nacional de Salud (SNS).
Red de Evaluadores Estructurales: Conducida por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE) junto a la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos (ESNAGERI), capacitando capital humano especializado en el diagnóstico de patologías estructurales en edificaciones públicas existentes.
Cooperación Internacional Estratégica: Alianzas con la Unión Europea (UE), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Banco Mundial y la Coalición para la Infraestructura Resiliente ante Desastres (CDRI/IRIS), facilitando la transferencia tecnológica y el cofinanciamiento de proyectos piloto de mitigación.
La Propuesta: Un Plan Nacional de Infraestructura Resiliente a 36 Meses
El desafío decisivo actual radica en canalizar estos diagnósticos hacia la asignación presupuestaria concreta. Para lograrlo, se propone la articulación de un Plan Nacional de Infraestructura Resiliente, diseñado bajo un enfoque territorializado y con una ventana de ejecución prioritaria de 36 meses.
Este plan plantea incorporar de forma obligatoria en los presupuestos plurianuales del Estado las partidas necesarias para que cada edificación e infraestructura clasificada como de “alta criticidad” cuente con un diagnóstico de vulnerabilidad finalizado y sus respectivas obras de reforzamiento o adecuación implementadas dentro de dicho plazo. De este modo, la inversión pública deja de ser reactiva y se convierte en un mecanismo blindado de protección social y económica.
Conclusión
Heredar un futuro sostenible a las próximas generaciones de dominicanos exige cambiar la gobernanza del riesgo. Avanzar hacia un marco de infraestructura resiliente permite estabilizar el espacio fiscal del Estado, asegurar la continuidad del negocio público y privado ante eventos severos y, por encima de todo, salvar vidas humanas. Prevenir, planificar y financiar la resiliencia hoy es la única garantía para evitar que las amenazas de la naturaleza se transformen en los desastres del mañana.
Bibliografía
Para profundizar en los marcos normativos, metodologías de evaluación y datos estadísticos que sustentan la agenda de infraestructura resiliente en la República Dominicana y la región del Caribe, se detallan las siguientes referencias técnico-institucionales:
Banco Mundial. (2019). Lifelines: The Resilient Infrastructure Opportunity (Líneas de vida: La oportunidad de la infraestructura resiliente). Banco Mundial, Washington D.C.
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). (2021). Evaluación de las Necesidades de Recuperación por los impactos sociales y económicos del COVID-19 (CRNA) en la República Dominicana. Santo Domingo, República Dominicana.
Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE). (2023). Guía Metodológica para la Evaluación Visual Rápida de Edificaciones ante Amenaza Sísmica. Santo Domingo, República Dominicana.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2025). “Reducir riesgos hoy para no heredar desastres mañana”: una agenda de infraestructura resiliente para RD. Oficina de País, República Dominicana.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2025). Gestión de riesgos de desastres: Asegurando un desarrollo humano resiliente. Dirección Regional para América Latina y el Caribe.
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR). (2015). Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Ginebra, Suiza.
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR). (2021). Informe del Diagnóstico Regional sobre la reducción del riesgo de desastres en América Latina y el Caribe. El Cairo/Panamá.
